Hernando se ha negado dos veces a comparecer ante la Comisión de Justicia en los últimos días, una ocasión en la que había sido llamado a explicar la aplicación de la ley en la acumulación de condenas por terrorismo, y otra sobre sus declaraciones a medios de comunicación sobre la reforma del Estatuto de Cataluña.

En ambas ocasiones Hernando esgrimió diversos argumentos para no comparecer, entre ellos la necesaria independencia del Poder Judicial.

Sus argumentos sólo fueron respaldados por el PP, que veía un intento de la mayoría parlamentaria de controlar políticamente a los jueces, mientras los demás grupos reclamaban insistentemente su comparecencia y denunciaban la aparente rebeldía del presidente del órgano de gobierno de los jueces.

Ante la segunda incomparecencia de Hernando, la Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión de Justicia decidieron pedir al presidente del CGPJ que reconsiderara su negativa y formularle una nueva petición.

Manuel Marín recibió todas estas explicaciones del presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Alvaro Cuesta, y envió a Hernando una carta de tres páginas que concluye con un "cordial y afectuso saludo".

"Permítame que brevemente, y por primera vez de manera oficial, le haga alguna consideración sobre aspectos relacionados con las solicitudes de comparecencia cursadas desde la Cámara", comienza Marín.

Le explica que no puede compartir su afirmación de que se haya producido novedad alguna en la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo "y menos que ésta se produzca sin amparo constitucional o legal alguno".

"Es cuando menos opinable", asegura, que la obligación de comparecencia que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial no tenga sustento constitucional alguno, como se derivaría, en opinión de Marín, de la afirmación de Hernando de que el artículo 109 de la Constitución no es de aplicación a las relaciones entre el Parlamento y el CGPJ.

Marín precisa además a Hernando que algunos de los argumentos esgrimidos en sus anteriores comunicaciones son los mismos que dieron lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional, la 208/2003 de 1 de diciembre, que "no avala en modo alguno su interpretación".

Precisa en todo momento que la independencia del poder judicial está fuera de todo cuestionamiento y le garantiza que en ese campo "encontrará usted todo mi apoyo y respeto".

Manuel Marín advierte a Hernando de que sus tesis suponen "subordinar" las Cortes Generales al CGPJ, lo que conllevaría "ignorar nuestra condición de representantes directos del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional, y, lo que es igualmente grave, desconocer la función del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución".

Le aconseja, por todo ello, "acompasar el ejercicio de la función constitucional propia del CGPJ con la debida ¡prudentia¡ evitando entrar o intervenir en el debate político".

En caso contrario, le advierte, "el legítimo juego democrático y la propia función de las Cortes Generales conlleva el sometimiento a la libre crítica y al reproche".

"Mantendré mi línea de moderación evitando las declaraciones públicas que, como bien conoce, nunca he hecho acerca del CGPJ, y tengo confianza en que usted sabrá valorar el esfuerzo realizado por la Comisión de Justicia. Espero verle pronto en el Congreso de los Diputados y deseo que la virtud de la prudentia sea nuestra guía en el futuro", concluye.