En una larga carta de cuatro páginas, Marín formaliza lo que la semana pasada hizo a través de una nota informal que se vio en la Mesa y en la Junta de Portavoces sin necesidad de ser votada puesto que se trata de una decisión de la Presidencia sobre una materia en la que tiene facultad para fijar criterios en función de una interpretación del Reglamento.

Marín considera que sus criterios de flexibilidad se han visto abocados al fracaso ante el intento de algunos grupos de "sobrepasar y forzar" esos criterios. Aunque no nombra a ningún grupo, en las últimas sesiones plenarias sus tensiones con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por este asunto han sido constantes.

Recuerda el presidente del Congreso que la protección de las lenguas cooficiales es una obligación recogida en la Constitución, y que por ello la Presidencia "amplió hasta el máximo las posibilidades que ofrece el actual Reglamento" para ofrecer una solución temporal hasta que el asunto se resuelva definitivamente con la reforma del Reglamento del Congreso y la del Senado.

El problema no es pues, dice Marín, de respeto a estas lenguas, como pretende hacer creer algún grupo parlamentario, entre otras cosas porque el régimen lingüístico del Congreso ha sido el mismo durante 26 años sin que consten protestas.

Lo que ha cambiado es, en su opinión, el discurso político y las posiciones de algunos gurupos, que han incorporado el régimen lingüístico del Congreso a sus posiciones sobre las reformas territoriales en marcha.

"Esto explica que quienes se sentían cómodos y confortables con el régimen lingüístico en vigor durante los últimos 26 años y no han tenido el menor inconveniente en trabajar con el mismo durante varias legislaturas de una maner repentina se sientan maltratados y perseguidos y sometidos a un tratamiento inquisitorial", dice Marín.

El presidente alerta del riesgo de denunciar persecuciones lingüísticas inexistentes y reitera que su pretensión al fijar esa flexibilidad, nunca antes conocida en el Congreso de los Diputados, era intentar buscar un espacio de entendimiento que, a la vista de lo sucedido, "ha fracasado".

Pese a reconocer la legitimidad de quienes defienden la cooficialidad de todas las lenguas del Estado y su utilización en el Congreso, Marín les recuerda que esa pretensión tiene sus trámites y no puede perseguirse mediante la organización de "incidentes" en el pleno, "a modo de escaparate".

La Presidencia del Congreso, concluye Marín, "se ha equivocado al creer que su criterio abierto y flexible traería la concordia y el entendimiento a esta Cámara hasta que se adoptara una decisión definitiva que se reflejaría en el nuevo Reglamento".

"Más bien al contrario", lamenta, "parece que se ha entendido que los criterios de la Presidencia fijaban una posición de mínimos, un pequeñísimo paso, una concesión ínfima sobre la que sentar nuevas reclamaciones".

A la vista de todo ello, Marín confirma que a partir del 8 de marzo la única lengua oficial para trabajar en el Congreso es el castellano, como lengua oficial del Estado, aplicando así las mismas reglas que han funcionado durante los últimos 26 años.

Dado que las pretensiones de algunos grupos parlamentarios se dirigen cada vez más, desde su punto de vista, a una revisión del artículo 3 de la Constitución, Marín les invita a poner en marcha los mecanismos de revisión previstos en el ordenamiento jurídico.

Espera, con esta carta, que no se repitan incidentes en las sesiones plenarias y que "las legítimas discrepancias se dirijan a los fortos y a los procedimientos previstos".

Marín concluye su misiva con el texto íntegro del artículo 3 de la Constitución, que establece el castellano como lengua oficial del Estado, y a las demás como oficiales también en las respectivas comunidades autónomas.