En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Marín resaltó que en septiembre habrá que "empezar a rodar el Parlamento en una experiencia muy diferente a otros procesos de reformas autonómicas en el pasado", cuando llegaban a la Cámara pactadas y eran aprobadas por unanimidad.

"No va a ser el caso", prosiguió, lo que obligará a un "rodaje institucional de una novedad que no conocemos", pero gracias a la cual "nos lanzaremos a un curso político apasionante" y que obligará, entre otras cuestiones, a revisar los conceptos de seguridad, circulación interna y acreditaciones.

Agregó que el Congreso de los Diputados es una institución "capaz de afrontar retos institucionales", como demostró con el debate del "plan Ibarretxe", que "pocos parlamentos europeos hubieran podido celebrar", aunque para hacer frente a las nuevas propuestas considera necesario hacer cambios.

El crecimiento de la sede parlamentaria, que ahora se encuentra dispersa en cinco edificios, y la previsión de que entren en el Congreso propuestas de reformas estatutarias de parlamentos autonómicos, que tienen derecho a enviar delegaciones que participen en la comisión mixta para debatirlos, obligará a "un trabajo enorme desde el punto de vista de las infraestructuras".

Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia de que se estudiará la posibilidad de reducir las delegaciones parlamentarias autonómicas cuando les toque participar en el debate de su reforma estatutaria en el Congreso, de forma que todos los grupos estén representados pero con voto ponderado.

ORGANIZACION

Las comunidades que no tienen esta posibilidad, como es el caso de la Valenciana, sí que tendrán la opción de llevar a letrados que hayan participado en su propuesta estatutaria para seguir el proceso en el Congreso de los Diputados, pero no parlamentarios autonómicos, explicaron fuentes cercanas a la Mesa de la Cámara Baja.

En cuanto a la simultaneidad de varias propuestas, estas fuentes indicaron que no existe "ningún impedimento legal" para que se discutan incluso las diecisiete reformas a la vez, y la organización de los debates sólo puede corresponder a un "pacto político", no es potestad de la Presidencia.

En principio, el sistema reglamentario establece que las propuestas se abordan por estricto orden de registro en el Congreso, y varias comunidades están a la espera, ya con sus reformas preparadas, de comprobar si las primeras propuestas, en breve la catalana, llegan con su propio sistema de financiación, caso en el que se apresurarían a entrar en el debate.