Marín compareció en rueda de prensa para deshacer "un malentendido" suscitado la semana pasada cuando un portavoz parlamentario al que no nombró, pero que era Eduardo Zaplana, anunció públicamente que el presidente del Congreso "tira la toalla".

A este respecto, Marín explicó que el problema del uso de las lenguas cooficiales está "superado" porque se avanza de forma natural en un entendimiento entre el Congreso y los parlamentos y gobiernos autonómicos.

Por tanto, dijo, en clara referencia a los grupos minoritarios, ningún grupo puede exigir al Congreso más de lo que reclaman sus respectivos gobiernos y parlamentos autonómicos, y no puede convertir al Parlamento estatal en "rehén" de sus reclamaciones.

La reforma, de ser aprobada, constaría de un texto con rango de ley que regularía el procedimiento legislativo, presupuestario y de control al Gobierno, y un texto anexo sin ese rango que aglutinaría las normas de funcionamiento interno, y que sería un "pacto político" entre la Mesa del Congreso y los grupos parlamentarios.

Marín pidió a los grupos que tomen en consideración la reforma en sesión plenaria, de forma que el texto pueda ser enviado a la ponencia y la comisión para su posterior aprobación definitiva en el pleno. Lo importante, dijo, es tomar la decisión, aunque la reforma no entreen vigor hasta la próxima legislatura.

La reforma modificará el procedimiento legislativo, de forma que el hemiciclo sólo acogerá debates políticos generales y las enmiendas se debatirán únicamente en comisión. Además, habrá interpelaciones al presidente del Gobierno y debates "de actualidad".

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