En este sentido, Segarra destacó la obligación que tienen todos los operadores jurídicos de mejorar la comunicación a las personas con discapacidad, asegurar que puedan ser escuchadas y comprendidas en cualquier tipo de procedimiento y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Entre ellos, con especial relevancia, la tutela judicial efectiva.

En España viven más de cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad, según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de dependencia, del INE. Con este dato sobre la mesa, María José Segarra valoró también el camino que ya se ha recorrido. Así, destacó el cambio fundamental que ha supuesto la Ley 8/2021 en la vida de estas personas, al eliminar las incapacitaciones judiciales y otorgarles mayor autonomía para tomar sus propias decisiones.

“De un modelo protector, sustitutivo de la voluntad de las personas con discapacidad, se ha pasado a un modelo que apoya su autonomía”, aseguró. En esta nueva visión, el fiscal ha tenido que cambiar su modo de actuar, de modo que “de defender en el procedimiento judicial lo que el fiscal pensaba que era el interés de la persona con discapacidad ha pasado a defender la voluntad, deseos y preferencias de esas personas, ayudando a su formulación mediante la adopción de los apoyos oportunos”.

“APOYO DE TODOS”

La Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Discapacidad también hizo hincapié en que el mandato de la Ley no implica solo a las instituciones, sino a todas las personas. En este sentido, recalca que toda la sociedad debe implicarse para asegurar el ejercicio de los derechos de este colectivo en plena igualdad: “Todos somos apoyo de todos”.

Con esta ley, dijo, se culmina un proceso de profunda transformación del ordenamiento jurídico del país. En ello ha tenido un particular liderazgo la Fiscalía, dictando sucesivas instrucciones para adaptar el marco legal español al necesario impulso de la plena igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que marcó la Convención de Nueva York en 2006.

Segarra recordó que otro hito relevante para este colectivo fue la restitución a finales de 2018 del derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente con arreglo a la legislación anterior, aunque queda como cuestión pendiente la adecuación del artículo 49 de la Constitución.