Este órgano consultivo fue creado por la Ley 56/2003 de Ocupación. Se compone de 19 vocales en representación de cada una de las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

Entre otras funciones, le corresponde formular propuestas de política de ocupación nacional, informar de los planes de ejecución de la Estrategia Europea de Ocupación, proponer mecanismos que garanticen la coordinación y cooperación del Servicio Público de Ocupación Estatal y de los Servicios Públicos de Ocupación de las comunidades autónomas, y emitir recomendaciones sobre políticas activas de ocupación y prestaciones por desocupación.