El jefe del Ejecutivo autonómico fue denunciado tras haber acusado al líder del PP de haber percibido comisiones de algunas empresas de la cuenca minera turolense, por valor de 148 millones de pesetas, a través de la sociedad de garantías recíprocas Aragonesa de Avales (ARAVAL).

La comparecencia de José Marco se produjo con dos horas de antelación sobre el horario previso y en medio de una aparatoso despliegue policial. Marco, que había sido citado por el magistrado Manuel Serrano Bonafonte a las 11 de la mañana, llegó a la sede judicial pocos minutos después de las nueve.

Tras dos horas de declaración, el presidente aragonés abandonó la sede del TSJA sin hacer ningún comentario. Tampoco su abogado, Luis Saldaña, quiso pronunciarse sobre el contenido de la comparecencia, si bien posteriormente aseguró que la acusación hacia su defendido carece de fundamento y relevania penal, así como que las afirmaciones de Marco objeto de la denuncia "son fruto de la libertad de expresión de todos los parlamentarios".

Por su parte, la Comisión Ejecutiva del PSOE de Zaragoza ha hecho público un comunicado en el que indica que "resulta difícil entender que Santiago Lanzuela utilice la vía judicial para impedir el ejercicio de la libertad parlamentaria".

Los socialistas denuncian también la existencia de una "operación de acoso al PSOE" y acusan a Santiago Lanzuela de "atacaruno de los pilares fundamentales del sistema democrático".