Así se desprende del informe publicado este martes por la aseguradora en el que se abordan perspectivas de los regímenes de regulación de solvencia en el sector de seguros.

El director de Mapfre Economics, Manuel Aguilera, explicó que “en los últimos años, se observa en la regulación del sistema financiero a nivel global una tendencia de evolución hacia esquemas basados en riesgos, que introducen una mayor sofisticación en la medición de dichos riesgos y, por tanto, optimizan los requisitos exigidos a las entidades”. Dichas regulaciones permiten una “mayor proporcionalidad con las circunstancias específicas de cada entidad”, generando así “ventajas competitivas” para las que gestionan adecuadamente el riesgo a la hora de suscribir pólizas o invertir.

En el sector asegurador, la normativa que se sigue se conoce como Solvencia II y “su implementación, al hacer una mejor valoración del perfil de riesgo de cada compañía, permite optimizar las cargas de capital y favorecer, entre otros aspectos, que las aseguradoras utilicen esos recursos para aumentar su capacidad de operación”, según resumió Aguilera.

No obstante, apuntó, en línea con el informe, que esa regulación requiere de unas precondiciones institucionales y de mercado entre las que se encuentran que el organismo supervisor de seguros aplique los requerimientos regulatorios de forma consistente; que se halle libre de “cualquier interferencia indebida de naturaleza política, gubernamental o de la industria aseguradora” a la hora de desempeñar sus responsabilidades, o la inexistencia de limitaciones para el ajuste en la tarifa de los clientes de productos como parte de una gestión eficiente de riesgos.

“Es posible que en países pequeños no se cumplan estas condiciones y el avance hacia normativas basadas en riesgos conlleve ciertas dificultades y efectos no deseados”, avisó Aguilera. En esa línea, el informe añade que “avanzar en la implantación de ese tipo de esquemas normativos sin que dichas precondiciones se cumplan puede no solo limitar los beneficios de su implementación, sino también generar efectos no deseados que generen dificultades en la operación del mercado asegurador”.