Manjón afirmó, en declaraciones a Onda Cero, que las víctimas están dolidas por dos hechos de la investigación: que un secretario judicial haya sido expedientado por deshacerse de papeles del proceso judicial del 11-M y que la fiscal del caso denegara investigar una denuncia de la policía según la cual dos guardias civiles suministraron armas a los terroristas.

Por último, Manjón criticó la falta de ayudas públicas a su asociación y consideró insuficientes los 3.000 euros de subvención facilitada por el Ministerio del Interior.

En este sentido, detalló que este dinero es insuficiente para cubrir los 1.200 euros de alquiler del local en el que atienden a las víctimas y para remunerar a psicólogos, la médico forense y los abogados que están preparando la acusación popular ante el macrojuicio que, en principio, se celebrará el próximo año.