La concentración estuvo apoyada por la Unión General de Trabajadores, encabezada por el secretario ejecutivo confederal de la misma, Jesús Pérez, e Izquierda Unida, en cuya representación asistió su coordinador general, Gaspar Llamazares.

Jesús Pérez dijo a los periodistas que "estas personas -en alusión a los enfermos de sida- no han tenido ocasión de acceder a los sistemas contributivos, por so se trata de buscar pensiones asistenciales".

"En el caso de que no se obtengan resultados seguiremos insistiendo ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y ante el propio Ministerio", añadió.

Pérez afirmó que "el problema es que, al no tener en cuenta todos los factores, las personas que no alcanzan el nivel de incapacidad a partir del cual se concede la pensión (un 65%), además de no tener en cuenta los factores sociales, deja en muchas ocasiones de medicarse para poder llegar al gado de minusvalía suficiente".

Por su parte, Gaspar Llamazares calificó de "situación dramática" el hecho de que la gente quiera abandonar la medicación para poder llegar al nivel de minusvalía exigido y cobrar la pensión".

LLamazares aseguró que "con la nueva regulación, más economicista y más restrictiva, hay mucha gente afectada por el sida que queda fuera de la protección social y económica, de la consideración de minusvalía y por tanto de la pensión no contributiva". "El gobierno ha antepueso los criterios económicos a los criterios de integración social", añadió.

DENUNCIAS Y PETICIONES

En el comunicado que Taixa gonzález, portavoz de la Mesa Estatal de Minusvalía, leyó en la manifestación, se aseguraba que "el Real Decreto 1971/99 continúa siendo aplicado, ocasionando la pérdida de condición de minusválidos a personas con sida, reduciendo en un año más del 35% de las pensiones".

El documento asegura que "no se ha logrado reconocer el hecho de combinar el porcentaje de discapacida atribuible al sida, valora los efectos de los fármacos antiretrovirales, la inclusión de los efectos asociados al uso y abuso de la drogodependencia, y la garantía de los derechos sociales derivados de las minusvalías entre otros".

Termina diciendo que, "pedimos la derogación de este Real Decreto en los apartados referidos al sida, la suspensión de la retirada de las pensiones, la inmediata devolución de las cantidades retiradas, y de todos los beneficios sociales asociados a las categorias de pensioistas, incluidas las personas presas".

Tras la lectura del comunicado, los representantes de los colectivos se dirigieron al interior del edificio que ocupa el Imserso, donde depositaron dicho documento. Tras la entrega del mismo a Encarna Blanco, vicedirectora general del Imserso, Taixa González dijo que "nos emplazan a una reunión en septiembre y otra posible en octubre. Nos han dicho que los casos de pensiones denegadas, que nosotros consideremos injustas, las volvamos a enviar".

Al ducumento e han querido adherir tanto las centrales sindicales de UGT y CCOO como el área social de los partidos políticos PSOE e IU.

A la manifestación acudieron aproximadamente unas 150 personas, entre afectados, miembros de los colectivos movilizados y sindicatos.