Según fuentes jurídicas, los cuatro altos cargos, todos ya retirados, que han comparecido ante el magistrado en calidad de testigos, coinciden en que no se conoció queja alguna sobre cuestiones de seguridad en los vuelos de relevo de las tropas antes del accidente aéreo del 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 militares en Turquía cuando regresaban de Afganistán.

Los cuatro testigos aseguraron que no ha sido hasta después del accidente, algunos incluso hasta hoy, cuando han tenido constancia de todas las quejas que existían sobre estos vuelos yak-42, pese a que reconocen que hay informes previos que se perdieron en la cadena de mando.

Según fuentes jurídicas de las familias de las víctimas las declaraciones de los mandos han demostrado que no había un flujo informativo en el Ministerio de Defensa y que las quejas que llegaban caían en el Emacon y no seguían su curso hacia estamentos superiores.

Esto se refleja en que nadie conoció, según las familias, que había irregularidades en seguridad denunciadas en varios informes, como que no había cinturones de seguridad, las mascarillas de oxígeno estaban usadas o la carga estaba mal anclada, entre otras.

Pese a ello, los mandos insisten en que ninguna de las 14 quejas existentes se refería a la seguridad, sino más bien, a las condiciones de comodidad de los vuelos.

El primero en comparecer ante el juez fue el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Luis Alejandre Sintes, quien se mostró en todo momento desconocedor las presuntas irregularidades en los vuelos de traslado a los militares españoles a las misiones.

El segundo en comparecer ante el juez fue el teniente coronel de infantería Javier Marino González, quien se ha ratificado en su informe, realizado un mes antes del siniestro, en el que denunciaba irregularidades en los aviones y recomendó que no se usaran los aviones de carga para el transporte de personal.

El magistrado interrogó también al ex jefe de Estado Mayor Conjunto (Emacos) Juan Luis Ibarreta, organismo encargado de organizar los vuelos de traslados de los militares. El general reconoció que sólo conocía fallos de "incomodidades" y defendió que el avión era "excelente", el "tercero en el ránking mundial" y que "el avión no es el que falló", según fuentes judiciales.

El último en comparecer fue el general Manuel Estellés, el jefe del Mando Aéreo de Levante, responsable de la coordinación de los vuelos dependientes del Emacon, en lo que ha organización se refiere.

Estellés reconoció que elevó a su superior un informe con las quejas de varios jefes militares y que desde el Emacon se "tomó medidas correctoras", como la división entre los vuelos de pasajeros y los de carga.

Estos testigos han declarado hoy ante el juez Marlaska a quien la Sala de lo Penal obligó a reabrir la causa sobre el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación, que él archivó el pasado 1 de junio.

El comandante Antonio Bendala, también previsto para hoy, ha sido aplazado para el próximo lunes 18 de febrero. Comparece ante el juez porque, como compañero de uno de los militares fallecidos, dijo en su día que recibió el correo electrónico que le remitió el comandante Ripollés denunciando las condiciones del vuelo.

Para el mismo día, está previsto la comparecencia del ex ministro José Bono, y del representante de la empresa Chapman, la primera empresa que contrató la OTAN para trasladar a los militares. Previamente, mañana, pasarán ante el juez el secretario general de Política de Defensa en época de Trillo, Javier Jiménez Ugarte, entre otros.

Cuando terminen estas declaraciones, las familias tienen previsto solicitar nuevas pruebas y comparecencias, como la del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire en aquella época y las que sean necesarias para esclarecer la cadena que siguieron los informes y por qué no llegaron hasta el Ministerio de Defensa.