MANCHA REAL. EL ABOGADO DE LOS GITANOS CREE QUE ERA EVIDENTE LA RESPONSABILIDAD DEL ALCALDE
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El abogado de la acusación particular en el 'caso Mancha Real', Pedro Apalategui, se mostró hoy "muy satisfecho" con la decisió del Tribunal Supremo de aumentar la condena para el alcalde de Mancha Real, Alfonso Martínez de la Hoz.
Tal y como había solicitado este abogado en su recurso de casación a la sentencia de la Audiencia de Jaén, el Supremo ha encontrado responsabilidad criminal en el alcalde por un delito continuado de daños, por lo que aumenta su condena en 4 años.
Apalategui ha señalado que "si en algo criticábamos la sentencia de la Audiencia de Jaén era precisamente en que no se quiso ver lo más evidente de tdo el proceso, que era la participación en grado de autoría del alcalde en la inducción al delito de daños".
El Tribunal Supremo no ha contemplado, en cambio, la petición de este abogado de aumentar la pena a todos los concejales, de igual forma que para el alcalde. Apalategui ha dicho que lo considera normal, ya que, en el caso de los concejales la prueba era más débil.
Mientras tanto, en Mancha Real la noticia de la nueva condena al alcalde se ha recibido con frialdad y con casi unánime desacuedo. Los vecinos siguen hablando de "ellos" y "nosotros" para referirse a los gitanos.
"Si a alguien tienen culpar, que culpen al pueblo. No tienen que coger a nadie para dar ejemplo", reclamaba un vecino que defendía que el destrozo de las viviendas de los gitanos fue obra de todos los ciudadanos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Jienense de Promoción Gitana, Antonio Jiménez, señaló que "absolver al alcalde de los daños no era justo" y añadió que la sentencia "es ejemplar para evitar ue en distintos brotes racistas estos hechos sienten precedente y para que las personas que ocupan cargos públicos sean capaces de controlar a los ciudadanos y procuren la convivencia entre las dos comunidades".
El magistrado Juan Ruiz Rico, ponente de la sentencia de la Audiencia de Jaén sobre este caso y que es el juez con más años de ejercicio en España, señaló que "condenamos al alcalde y a los concejales a una pena por impedir la libertad de residencia y por manifestación ilícita, pero no consideamos probado que la corporación tuviera participación en el delito de daños continuados".
(SERVIMEDIA)
27 Jul 1994
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