A lo largo del día prestarán su testimonio el entonces concejal de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes, José Luis Guindo; el secretario del Ayuntamento, Ireneo González, y el concejal de Urbanismo de Alcobendas, Antonio Pérez, entre otros cargos municipales, para aclarar si las empresas intermediarias que vendieron los terrenos a Renfe se valieron de información privilegiada procedente del consistorio.

En total, 10 nuevas declaraciones de las 71 previstas, que se suman a la que efectuó la pasada semana el principal protagonista del caso, el ex ministro de Sanidad y presidente de Renfe en aquella época, Julián García Valverde, y otros 20 cargos plíticos y de la empresa.

Según fuentes de la comisión, gran parte del interrogatorio a García Valverde se basó en la comparecencia que protagonizó éste el pasado 4 de diciembre ante la Comisión de Industria y Transportes del Congreso de los Diputados para dar una primera explicación de los detalles de la polémica compra de terrenos.

García Valverde se ratificó en lo dicho ese día, incluida la conversación que mantuvo con el ministro de Transportes en aquella época, José Barrionuevo, y el presidene de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, para "informarles" de la operación, pero introdujo un dato nuevo: su asesor, José Luis Pinedo, fue quien llevó directamente los detalles técnicos en esa operación, como en todas las de carácter inmobiliario.

Son precisamente algunos de estos detalles técnicos los que suscitan mayor controversia. Por ejemplo, el hecho de que Equidesa, filial de la compañía ferroviaria, pagase la sucesiva compra de parcelas con cheques al portador y a un precio muy uperior al valor medio del metro cuadrado de terrenos recalificados en la zona: 15.000 pesetas frente a las 6.500 de promedio, según un estudio de la consultora Richard Ellis.

De ello se deduce, según denuncian todos los partidos de oposición, que Renfe no sólo no obtuvo plusvalías por la compra en total de 100.000 metros cuadrados para la construcción de la vía férrea, sino que pagó el doble de lo que hubiera abonado un particular, supuestamente por la existencia de información privilegiada que permiía a los vendedores conocer de antemano que Renfe estaba interesada en sus parcelas.

Entre esos titulares figuran los hermanos Serrano Alberca, que obtuvieron 745 millones, casi la mitad del presupuesto total, 1.350 millones, por unos terrenos que compraron en 74 millones de pesetas el mismo día de su venta a Renfe.

CHEQUES IRREGULARES

El jueves de la semana pasada, un día después de que declarase el ex ministro de Sanidad, lo hicieron el actual ministro de Transportes, José Borrell, y la presienta de Renfe, Mercé Sala.

A su salida, Borrell habló con los periodistas y comentó que habrá que dilucidar cuál fue el papel jugado por el notario que extendió la escritura de compra, Manuel Clavero, señalando que las operaciones inmobiliarias deben escriturarse siempre "con su verdadero valor". El diálogo concluía de la siguiente forma:

"Es importante", decía el ministro, "que las actuaciones de las empresas públicas se ajusten a las máximas exigencias de transparencia y que quede permanentemene identificada la persona que cobra (cheque nominal)".

- ¿Considera, entonces, que Renfe actuó de forma irregular?

- "Déjenme pasar, por favor", respondió el ministro.

Mercé Sala corroboró estas palabras minutos después al afirmar que los directivos de Renfe tienen prohibido "de siempre" pagar con talones al portador.

José Luis Pinedo, por su parte, se presentó ante los miembros de la comisión como mero ejecutor de la operación urbanística ordenada por García Valverde que, según un docuento secreto que maneja la comisión, no obtuvo el visto bueno de la Comunidad de Madrid (CAM), tal y como sostienen García Valverde y sus asesores.

Ese documento, que los representantes de los grupos en la comisión no pueden fotocopiar por ser confidencial, contiene las alegaciones del entonces consejero de Política Territorial de la CAM, Eduardo Mangada, contradictorio con las versiones sobre la idoneidad de la compraventa de los terrenos.

En su comparecencia, Mangada dejó claro que él y su supeior Leguina advirtieron a Renfe de los riesgos que comporta que una empresa pública financie sus inversiones con operaciones mercantiles dudosas.