Coincidendo con el inicio del recorrido, el resto de las palntillas que forman la CSI, iniciarán una huelga general en todos sus centros de trabajo durante 24 horas, a la que seguirá otra de 48 horas coincidiendo con la llegada de los manifestantes a la capital de España.

En la marcha, convocada por los sindicatos ELA-STV, UGT, CCOO, LAB y USO, los trabajadores prevén recorrer unos 400 kilómetros en 18 días, y esperan concluirla el próxima 26 de octubre con una manifestación ante la sede del Ministerio de Inustria.

Los obreros de AHV y Ensidesa prevén caminar una media de 25 kilómetros diarios y contarán con servicios de ambulancias de la Cruz Roja Española y DYA. Además, estarán acompañados por un autobús cedido por el Ayuntamiento de Bilbao y un camión para transportar efectos personales de los manifestantes durante el recorrido.

La protesta cubrirá dos itinerarios diferentes, con los empleados de Ensidesa por un lado y los de AHV por otro, hasta unirse finalmente en las inmediaciones de Madrid, tnto los marchistas como sus familiares y compañeros que prevén trasladarse al centro de la Península en autocares para participar en la manifestación.

Para alojar a los manifestantes, las autoridades locales de los municipios por los que pasará la marcha han habilitado albergues juveniles, lonjas y polideportivos para alojarles durante la noche.

Para sufragar los gastos de la marcha, los comités de empresa de la CSI han puesto a la venta bonos de 10.000, 5.000 y 1.000 pesetas, a cuya recaudación e sumarán los 35 millones de pesetas obtenidos mediante el descuento de 5.000 pesetas a todos los trabajadores en la última nómina.

A primeros del pasado mes de setiembre, la CSI rompió las negociaciaciones sobre el plan de reconversión, por entender que la empresa no tenía dinero suficiente para atender la petición invariable de los sindicatos de ofrecer complementos de pensión a las prestaciones de la Seguridad Social, para los afectados por la reducción de empleo mediante jubilaciones anticipadas. El plan de la CSi comprende la eliminación en cinco años de 10.000 empleos y el cierre de las factorías de LLodio y Hernani, así como reducir la capacidad productiva del "holding siderúrgico" de 5,4 a 4,5 millones de toneladas al año.