La ley, que se ha publicado hoy en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), se generó como consecuencia del clima de inquietud social que produjeron diversos ataques a personas protagonizados po perros de características agresivas, principalmente a partir del 29 de enero, fecha en la que un dogo argentino mató a una niña en Palma de Mallorca.

La norma afecta a todos los animales de compañía que, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales, con la excepción de los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autnomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial.

Señala que la posesión de estos animales estará sujeta a la obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el ayuntamiento de la localidad donde resida el dueño.

Además, el propietario debe ser mayor de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad y la salud pública; y haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Por otro lado cuando el dueño de un perro potencialmente peligroso lo pasee por espacios públicos, debe utilizar obligatoriamente una correa de menos de 2 metros, así como un bozal adecuado para su raza.

La ley establece las posibles infracciones, entre las que destacan el abandono del animal, la venta o transmisión sin licencia, así como el adiestramiento o participación en peleas o espectáculos con carácter agresivo.

Las multas oscilarán entre 25.000 y 50.000 pesetas en caso de infracción leve, hasta las 40.000 pesetas para infracción grave y hasta 2.500.000 si se trata de faltas muy graves.

OBLIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS

El texto legislativo, tramitado por vía de urgencia en el Senado, se aprobó finalmente en la Cámara Alta el pasado día 1, ya que no sufrió modificaciones durante su tramitación parlamentaria.

En el Congreso se admitieron algunas enmiendas, entre ellas una de las principales reivindicaciones de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales (ANDA): la obligatoriedad de que tods los perros tienen que estar identificados por el sistema que determine cada comunidad autónoma, esto es, por microchip o mediante tatuaje.

Uno de los puntos que, en principio, se suponían conflictivos era la determinación sobre si la ley debía o no recoger una lista de razas peligrosas.

Finalmente, el consenso imperó en casi todos los grupos parlamentarios, salvo en el Grupo Mixto del Senado, en el que está integrado IU, que propuso una lista de 8 razas caninas agresivas, entre ellas american pt bull terrier, american stafordshire terrier, dogo argentino, presa canario o rottweiler; así como 44 razas menos peligrosas, como alaska malamute, boxer, bullmastiff, cocker, san bernardo o siberian husky.