El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este texto legal el 22 de diciembre. El PP se quedó solo en la defensa de las eniendas que pactó con CiU en el Senado y, al final, prosperó el texto que salió inicialmente de la Cámara Baja.

Oposición, sindicatos y organizaciones sociales acogieron con agrado el texto definitivo, mientras el PP anunció su propósito de retocar la ley si gana las próximas elecciones, porque opina que se han hecho demasiadas concesiones a los extranjeros en situación ilegal.

La norma reconoce a todos los extranjeros los derechos de reunión, asociación y huelga. Consagra su derecho de acceso a l educación obligatoria, la asistencia sanitaria y las ayudas para la adquisición de viviendas, y les da posibilidades para la reagrupación familiar.

Además, la ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los trabajadores inmigrantes temporeros sean alojados en condiciones dignas e higiénicas.

Respecto a los "ilegales", prevé la regularización de unos 60.000 inmigrantes. Podrán pasar a ser "legales" los que se encuentren en España desde antes del 1 de junio de 1999.

ASISTENCIA SAITARIA

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha enviado a todas sus direcciones provinciales las instrucciones necesarias para reconocer el derecho de asistencia sanitaria a los extranjeros que residen o se encuentran en España.

Tanto los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residen habitualmente, como los que no tengan la residencia legal, tienen derecho a esta prestación, incluidos los servicios de urgencia ante cualquier enfermeda grave o accidente.

Los extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a esta cobertura sanitaria, mientras que las embarazadas podrán acceder a los servicios sanitarios durante el embarazo, el parto y el postparto.

El INSS precisó en un comunicado que, aunque la disposición final sexta de la ley prevé que el Gobierno aprobará el reglamento que la desarrolla dentro del plazo de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, los derechos reconocidos en ella tienen efectividad a partir de añana. Diversas organizaciones sociales se han quejado de que sin ese reglamento, la ley se queda en "papel mojado".