El macro proceso de la colza se encuentra ahora en un momento fundamental, ya que el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren debe decidir próximamente si acepta o no varios recursos de responsables de la administraciones central y autonómia inculpados en el caso del llamado "sumario de los altos cargos".

Para que el Estado se haga cargo de las indeminaciones (unos 500.000 millones de pesetas) tendrá que ser condenado por la Audiencia, por lo que la decisión de Bueren es clave. Varios centenares de afectados llevan dos meses montando guardia a diario frente al Palacio de Justicia, de Madrid, para informarse del "día a día" de las decisiones del juez.

"No queremos que nos engañen más", declaró a Servimedia una miembro de la platafora de afectados, que descansaba frente a una pancarta con la inscripción: "Bueren, no te dejes llevar por los sinvergüenzas de la calle Ferraz".

Mientras el juez de la Audiencia examina las pruebas testificales de las partes y los recursos de los ex altos cargos centrista, los responsables de la plataforma han pedido ya a los líderes políticos del PSOE, PP, IU, PNV y CiU entrevistas para den su compromiso post electoral con la causa.

Unicamente Izquierda Unida ha respondido positivamente a los afetados, que tendrán un encuentro con la dirección de la coalición la próxima semana, declaró a esta agencia Juan Antonio Sánchez, portavoz de la plataforma de afectados.

DEL "BICHITO" A LA COLZA

El 1 de mayo de 1991, el niño Jaime Vaquero moría en Torrejón de Ardoz como consecuencia de una extraña dolencia que los médicos relacionaban con la "enfermedad del legionario". El trágico e inminente desarrollo de las muertes cogió desprevenido al entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, que en el prier mes de investigaciones sólo pudo atribuir la enfermedad a un "bichito" que afectaba al sistema inmunológico de los afectados.

Un mes y medio después, las autoridades sanitarias confirman el aceite de colza desnaturalizado como agente transmisor de la enfermedad. El juicio por 650 muertes y 25.000 afectados contra 37 aceiteros y empresarios responsables, entre ellos Juan Miguel Bengoechea Calvo y Ramón Ferrero López, quedan vistos para sentencia en junio de 1988.

13 de los 22 acusados son condeados a penas de 20 años a 6 meses, pero las cantidades embargadas a los aceiteros (1.500 millones) para las indemnizaciones, no alcanzan a tapar ni una parte del más de medio billón dictado por el Tribunal Supremo.

De esa cantidad, los afectados han percibido hasta hoy unos 63.000 millones de pesetas, provenientes de las ayudas del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, que les permite beneficiarse además de algunas ayudas domiciliarias y prestaciones farmaceúticas de pequeño montante.