Este observatorio se encargará de recabar cuanta información obre en poder de las instituciones, tanto públicas como privadas, que desde el ámbito social, sanitario, educativo, judicial y policial, entre otros, estén implicadas en la lucha contra la violencia de género, para analizar la magnitud del fenómeno y su evolución.

Una de las primeras acciones de este nuevo observatorio será crear una base de datos de referencia y también se homogeneizará la recogida y difusión de los mismos.

Asimismo, el nuevo órgano también evaluará el impacto de las políticas y medidas que se desarrollen con el fin de erradicar la violencia de género y paliar sus efectos.

Remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en el que destacará las necesidades de reforma legal, si las hubiere, y evaluará la efectividad de las medidas acordadas: preventivas, educativas, jurídicas, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas.

En la regulación de su composición se contempla una amplia participación, en paridad, de las instituciones públicas implicadas en la erradicación de la violencia de género, y de la sociedad civil, destacándose la presencia de las organizaciones de mujeres que protagonizan la lucha contra esta lacra social y a quienes corresponde la Vicepresidencia primera del Observatorio.

Además de la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, que preside el pleno del Observatorio, éste está integrado por 13 vocales en representación de los agentes sociales, organizaciones y asociaciones cívicas que incluyen cinco vocales en representación de las organizaciones de mujeres de ámbito estatal que trabajan en materia de violencia de género.

A estos se sumarán otros 12 vocales en representación de las Administraciones Públicas, Ministerios y Comunidades Autónomas, correspondiendo a estas últimas la Vicepresidencia segunda del Observatorio.También formarán parte del nuevo órgano la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial, la Federación Española de Municipios y Provincias y dos personas expertas en materia de violencia de género, a propuesta del pleno del observatorio.