El convenio está dotado con un presupuesto de 186 millones de pesetas, que se destinarán a mejorar la formación de los funcionarios del Ministerio de Justicia que tratan a las mujeres maltratadas y a potenciar la dotación de las oficinas de atención aquienes sufren estas agresiones.

Según Aparicio, se trata de que las administraciones públicas den una respuesta cada vez más "ágil" y "enérgica" a este tipo de situaciones, algo que demanda la sociedad española en general, ante la proliferación de los malos tratos en el ámbito familiar.

Por su parte, Acebes insistió en que el trato a las víctimas de malos tratos debe ser cada vez más especializado en el ámbito jurídico y judicial. "Nuestra prioridad es la protección de los agredidos y seguirmos insistiendo en esa labor", puntualizó.

"No se trata de que haya más funcionarios, sino de que los que se enfrentan a estos asuntos estén más especializados", continuó Acebes, para quien estas nuevas medidas de carácter jurídico garantizarán a los agredidos que una protección cada vez mayor de sus derechos.

ABOGADOS

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer, destinará 100 millones de pesetas como apoyo a las oficinas de asistencia a las víctimas, juno con otros 10 millones para formación del personal que las atiende.

Por su parte, Justicia destina 76 millones a dotar de medios materiales estas oficinas y a formar a los funcionarios judiciales que trabajan en ellas.

Las oficinas prestan asistencia psicológica y social a las víctimas de cualquier tipo de delito. Estas dependencias, que se ubican en los edificios judiciales, proporcionan además información de trámites administrativos, hacen un seguimiento de las denuncias presentadas, favorcen el asociacionismo entre las víctimas e impulsan el acceso de los agredidos a las ayudas económicas públicas.

Finalmente, el ministro de Justicia, Angel Acebes, anunció que su ministerio está en negociaciones con el Consejo General de la Abogacía, con el que se firmará en las próximas semanas otro acuerdo que facilite la colaboración de los letrados expertos en estos temas en la defensa e información a las víctimas.