La proposición de ley que diseña esta orden de protección fue suscita por todos los grupos parlamentarios, y elaborada en colaboración con los ministros de Justicia, José María Michavila, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, en la subcomisión de estudio creada en octubre del año pasado para buscar soluciones a este problema.

La orden de protección, que quedó aprobada en lectura única por el Congreso para permitir que entre en vigor antes del verano, podrá ser solicitada por la víctima o sus familiares, tanto ante el juez como ante el fiscal, las fuerzasde seguridad, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios asistenciales públicos.

A partir de ese momento, el juez de guardia llama a declarar a la víctima, el denunciante y el supuesto agresor en un plazo máximo de 72 horas, y decide si debe activar las medidas cautelares, como el alejamiento; y los instrumentos de protección social previstos por las administraciones local, autonómica o estatal.

La portavoz del PP en esta subcomisión, María Jesús Sainz, subrayó que este instrumento grantiza la "protección inmediata e integral a las víctimas y su familia, desde un solo cauce de actuaciones, una ventanilla única" que servirá como título acreditativo para acceder al fondo de alimentos, la renta activa de inserción, y todos los servicios asistenciales.

MAS RECURSOS

En nombre del PSOE, Micaela Navarro, destacó el "paso cualitativo" que se ha dado, pero advirtió de que, para ser eficaz, esta orden debe "funcionar adecuadamente" en los ámbitos judicial, policial y socioeconómico, lo qe requiere partidas presupuestarias o, de lo contrario, se quedará en una "mera declaración de intenciones" y será una "puerta abierta al precipicio, y no a la esperanza".

Marisa Castro, portavoz de Izquierda Unida, agradeció que los partidos hayan podido "aparcar sus diferencias políticas", en beneficio de "uno de los colectivos más machacados" de nuestra sociedad, aunque confió en que este trabajo no se vaya "por la borda" por falta de dinero, y lamentó que el ministro de Trabajo no estuviera en el leno para continuar el "idilio mediático" que han vivido gracias a esta iniciativa.

La representante de CiU, Mercé Pigem, defendió esta iniciativa "sin triunfalismo, pero con esperanza", porque establece un "mecanismo circular que, se denuncie donde se denuncie, a la mayor brevedad posible" permite adoptar un "estatuto integral de protección" penal, civil y social, de la manera más "ágil" y sencilla.

Margarita Uría, del PNV, recalcó que esta iniciativa cumple uno de los propósitos de la subcomisin, y no violenta la distribución de competencias ni las políticas propias de las comunidades autónomas. María del Mar Julios, diputada de Coalición Canaria, confió en que haya "un antes y un después" en la forma de afrontar estos problemas tras el consenso alcanzado en la Cámara.

El ministro de Justicia, José María Michavila, quiso cerrar el debate con una muestra de agradecimiento y reconocimiento a todos los grupos por hacer posible un instrumento que permitirá una mayor tutela de las víctimas y, endefinitiva, "hacer más justa la justicia" en beneficio de "quien más lo necesita".