Los portavoces socialistas en la Comisión de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y en la del Defensor del Pueblo, Cristina Alberdi, presentaron en rueda de prensa una interpelación que defenderán en la próxima sesión de control al Gobierno.

La bse de esta iniciativa es que el Gobierno presente ante la Cámara una ley integral que ataje los malos tratos mediante una estrategia global, que abarque desde las causas de esta violencia hasta las necesarias respuestas sociales y judiciales.

Esta ley debería incluir, a juicio de los socialistas, políticas educativas en los valores de igualdad, para erradicar los estereotipos que fomentan la violencia contra las mujeres. En esta línea, proponen que los condenados por malos tratos se sometan obligatorimente a tratamientos de reeducación en estos valores.

También sugieren que la ley unifique la normativa de los centros de acogida para todo el Estado y permita el análisis individualizado de las situaciones de riesgo para cada víctima.

Asimismo, proponen la mejora de ciertos aspectos de los procesos judiciales civil y penar para evitar, por ejemplo, la dispersión de responsabilidades entre los abogados encargados de cada uno de los trámites.

En este terreno, los socialistas juzgan necesario stablecer una asistencia jurídica especializada a las víctimas en un turno de oficio especializado "riguroso y eficaz" con designación para la totalidad del caso.

También quieren que todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, forenses, abogados, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, reciban obligatoriamente cursos de formación para sensibilizarse hacia las mujeres que sufren malos tratos.

Los socialistas proponen, además, la creación de un Delegación contra la violencia de género co rango suficiente para tutelar el cumplimiento de la ley, y la elaboración de una estadística rigurosa que segregue estos delitos de los generales de agresiones o lesiones.

Tanto Alberdi como López Aguilar denunciaron que el Gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta eficaz a la violencia doméstica, ya que los planes aprobados no tienen capacidad para obligar a actuar a las instituciones y a los distintos poderes.

En su opinión, es necesario aprobar una ley integral que ataje todos los flanco y que demuestre a las mujeres que están suficientemente protegidas por los poderes públicos como para atreverse a denunciar los malos tratos.