Los socialistas tratan así de reforzar la ley y "dar una vuelta de tuerca más" para dejar a los jueces "el menor resquicio posible de interpretación" a la hora de dictar sentencias sobre este tipo de delitos violentos que sufren principalmente las mujeres y los niños, señaló hoy la senadora socialista, Micaela Navarro.

La secretaria general adjunta del Grupo Socialista en el Senado, María Antonia Martínez, y la portavoz socialista en a Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, Micaela Navarro, aseguraron hoy, en rueda de prensa, que su grupo ha decidido introducir estas enmiendas para conseguir que las modificaciones legales puedan entrar en vigor hacia el próximo mes de abril.

Las representantes socialistas admitieron que estas reformas están previstas en el plan de choque contra los malos tratos, aprobado por el Gobierno, y que está pendiente de tramitación parlamentaria, pero explicaron que el procedimiento en la Cámara Baja a muy lento y que puede que las medidas legales no entren en vigor en esta legislatura.

Los socialistas esperan que sus enmiendas tengan el respaldo de todos los grupos parlamentarios porque, a su juicio, recogen las demandas de las asociaciones de mujeres, del Poder Judicial, del informe del Defensor del Pueblo y de todos los grupos del arco parlamentario.

En las enmiendas se propone introducir la figura del alejamiento del agresor de la víctima desde el momento en que se presenta la primera denncia y sin esperar, como hasta ahora, a que exista sentencia firme.

El endurecimiento de las medidas cautelares es lo más importante, según Micaela Navarro, porque en el período de tiempo desde que se comete la primera agresión hasta que hay sentencia judicial "es cuando la víctima corre más peligro".

Los socialista exigen también que se endurezcan las penas y que las sanciones económicas por lesiones o malos tratos se conviertan en penas privativas de libertad.

Además, exigen que se reformela ley para que el maltrato psíquico sea también tipificado como delito y que los juicios de faltas en caso de malos tratos no sean atendidos por un juez de paz sino por un juez ordinario.