Michavila recalcó que hoy queda suscrito el Estatuto de Protección Integral de la Víctima, que tiene en cuenta tanto la perspectiva física como jurídica, económica, social y psicológica, lo que supone un "paso decisivo en la lucha contra la violencia de género".

Esta iniciativa legal pone en manos de los jueces, las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía un "instrumento muy eficaz" que "de manera inmediata" activa todas las posibilidades de atención a las víctimas, desde el momento en que ellas se dirigen a cualquier organismo a denunciar su situación.

Agregó que los juicios rápidos han sido muy importantes también en este sentido, pues en el mes que llevan funcionando se han celebrado alrededor de 70 relacionados con la violencia doméstica y se han enjuiciado el44,7 por ciento de estos delitos por este procedimiento.

RENTAS Y TRABAJO

Por su parte, Zaplana puso el acento en la protección social de la víctima, que al margen de las medidas de tutela y cautelares, tendrán una ayuda económica y la posibilidad de incorporarse en el mundo laboral.

Queda aprobada la renta activa de inserción, 300 euros a los que podrán acceder de manera inmediata, no con una tardanza de tres meses como la vigente para el resto de los casos, y sin estar sujetas a ninguno de lo requisitos que se establecen con carácter general.

Además, recalcó que, si tienen que cambiar de domicilio, habrá una paga adicional de 900 euros para que puedan tener independencia económica y alejarse del agresor. Finalmente, se firmarán acuerdos con empresas para que se les dé la posibilidad de tener "acceso preferente al empleo".

Estas medidas podrán entrar en vigor, tras el informe de los agentes sociales y el dictamen del Consejo de Estado, a finales del mes de junio o principios de julio como muy tarde", dijo Zaplana.

SATISFACCION EN LOS GRUPOS

Los representantes de los grupos parlamentarios que han participado en la elaboración de estas medidas expresaron su satisfacción por el resultado de las negociaciones. La portavoz del PP recalcó que hoy es un gran día porque la ayuda a las víctimas de violencia de género era una "deuda" de los partidos políticos con la sociedad.

El diputado del PSOE Diego López Garrido, recalcó que se trata de una iniciativa muy relevante porque "suponerubricar un pacto político para luchar contra el otro terrorismo", que causa "dolores constantes" de forma cotidiana a muchas mujeres en España.

En nombre de Izquierda Unida, Marisa Castro advirtió al Gobierno de que nunca se acabará con los malos tratos mientras no haya igualdad real, aunque se felicitó por este "acuerdo histórico" y pidió que el movimiento asociativo femenino pueda participar en su seguimiento.

La diputada del PNV Margarita Uría recalcó que se trata de un "paso importantísimo",y explicó que se ha tardado en elaborar esta orden, no porque haya habido "ningún parón", sino porque se ha trabajado para que sea "lo más correcta posible".

Luis Mardones, de Coalición Canaria, elogió la integración de las medidas penales y las de protección social, con lo que "no queda desprotegida la mujer" en ninguno de los ámbitos. Carlos Aymerich, del BNG, recalcó que las mujeres maltratadas dejan de sufir la doble violencia del "agresor y de un sistema judicial que, en lugar de protegerlas, a vces le ponía en una situación de riesgo de volver a ser agredida".