Según informó hoy la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de José Bono, el archivo de las citadas diligencias viene a dar la razón al Ejecutivo regional que, en todo momento negó que se hubiesen creado ficheros informatizados con los datos de los agresores.

En este sentido, el director del citado organismo estatal ha remitido a la Consejería de Bienestar Social la resolución de archivo de actuaciones en la que se destaca que"la publicación de dichas sentencias se realizó en soporte físico no susceptible de tratamiento automatizado posterior, ni estructurado de forma que permita acceder al contenido del mismo tanto mediante técnicas automatizadas como manuales por lo que los hechos investigados quedan al margen del ámbito de aplicación de Ley Orgánica de Protección de Datos".

"Esta resolución ha demostrado finalmente que, en todo momento, hemos cumplido de manera escrupulosa con la Ley de Protección de Datos y nunca se llgaron a crear ficheros informatizados con los datos personales de los maltratadores", aseguró el consejero de Bienestar Social, Tomas Mañas.

El consejero añadió que "una vez cerrada esta investigación, lo verdaderamente importante es que siguen muriendo mujeres a manos de sus compañeros, en lo que llevamos de año ya son más de 50".

Mañas lamentó que "los agresores andan libremente por la calle a pesar de las reiteradas denuncias" y acusó al Gobierno central de "seguir cruzado de brazos ante esta ravísima situación".

El consejero de Bienestar Social demandó "actuaciones contundentes e inmediatas del Gobierno del señor Aznar para evitar esta terrible sangría".

La Agencia de Protección de Datos abrió una investigación contra la Consejería de Bienestar Social el pasadon 27 de mayo, con motivo de la publicación del primer Informe sobre Malos Tratos en Castilla-La Mancha, en el que aparecían un total de 18 sentencias firmes condenatorias por violencia doméstica.