En declaraciones a Servimedia, Ollero defendió estas medidas frente a las críticas que han recibido por parte de organizaciones de mujeres y del ámbito de la justicia que las consideran insuficientes.

En concreto, Ollero rechazó la afirmación realizada por la Asociación de Fiscales en el sentido de que el Gobierno pone"parches" en lugar de abordar una reforma global de la justicia, y argumentó que, por el contrario, "son soluciones fruto de un análisis de la situación, y, además, son plurales, ya que es un problema complejo que tiene muy diversos ángulos".

El portavoz de Justicia del PP dijo que las decisiones del Gobierno adoptadas el viernes son "urgentes" e "iniciales", y que no se descarta la adopción de nuevas iniciativas pero después de realizar un "análisis muy sereno" de la situación.

Para Ollero, los ltimos asesinatos de mujeres por sus maridos han provocado una indignación social que ha puesto fin a la "ley del silencio" que antes tapaba este problema, lo que se traducirá en un aumento de las denuncias.

"No es que estemos ahora", afirmó, "en una epidemia de malos tratos, sino en el comienzo de una razonable publicidad de situaciones que afectan gravemente a la dignidad humana".

El Gobierno aprobó el viernes un decálogo urgente para atajar los malos tratos a mujeres en el ámbito familiar, y qe suponen un avance del futuro Plan de Acción que está elaborando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales junto a las comunidades autónomas.

El decálogo contempla el incremento de la dotación presupuestaria para programas de apoyo y asesoramiento a mujeres maltratadas con cargo al IRPF de 1998; la habilitación de nuevos Centros de Acogida; y cursos de formación para el empleo de mujeres víctimas de violencia doméstica para facilitar su reinserción laboral y social.

Además, a lo largo de este ño se pondrán en marcha Oficinas de Asistencia a las víctimas de delitos violentos en los Juzgados, Tribunales y Fiscalías.

En 1997, 17.000 mujeres denunciaron a sus maridos por malos tratos y 61 mujeres perdieron la vida por estas agresiones. Sin embargo, según los expertos, las denuncias sólo representan entre un 5 y un 10 por ciento del total de los malos tratos psíquicos y físicos que se producen en España.