La proposición de ley que diseña esta orden de protección fue suscrita por todos los grupos parlamentarios, y elborada en colaboración con los ministros de Justicia, José María Michavila, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, en una subcomisión de estudio creada en octubre del año pasado para buscar soluciones a este problema.

La Presidencia de la Cámara acordó el pasado martes, cuando se debatió por primera vez en Pleno, aprobar esta iniciativa en tramitación directa y lectura única a petición de los firmantes, a fin de que pueda estar aprobada antes de las vacaciones, con lo que hoy se remitió al enado para que su aprobación definitiva.

Esta orden podrá ser solicitada por la víctima o sus familiares más cercanos, que tendrán la opción de acudir bien directamente al juez o bien al fiscal, las fuerzas de seguridad, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios asistenciales públicos.

A partir de ese momento, el juez de guardia llama a declarar a la víctima, el denunciante y el supuesto agresor en un plazo máximo de 72 horas, y decide si debe activar las medidas cautelares, como elalejamiento; y los instrumentos de protección social previstos por las administraciones local, autonómica o estatal.