Desde las ONG se ha valorado este primer paso dado por el Instituto de la Mujer para abordar, por primera vez junto con las organizaciones expertas en malos tratos, cuáles han de ser los criterios que defian una situación de malos tratos.

El objetivo de este encuentro, según señalaron a Servimedia fuentes de las ONG de mujer, es definir los criterios a la hora de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y que se acabe con la disparidad de datos que a diario ofrecen las fuentes oficiales y las de las organizaciones, que ponen en duda la credibilidad de unos y otros.

Para valorar los casos de muerte por violencia doméstica las organizaciones se basan en cuatro criterios fundamentales: ue sea "injustificado" -en el que se incluye un carácter aleccionador-; "excesivo" -siendo más fuerte el agresor la violencia se ejerce contra la mujer-; "extensivo" -incluye la agresión a la familia de la víctima-, y "notorio" -el agresor después se entrega o intenta suicidarse dándose a conocer como el culpable-.

La última muestra de la disparidad de cifras está entre las 18 mujeres víctimas de malos tratos que señala el Instituto de la Mujer en el primer trimestre del año y la treintena de muertes ue aseguran las asociaciones que se han producido en el mismo periodo.

Sobre las cifras aportadas por el Instituto de la Mujer, que revelan un aumento del 63% de las mujeres víticmas de violencia doméstica, la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género aseguró que confirman que el dignóstico del Gobierno a la hora de abordar este problema "es erróneo".

Por ello, según subrayó a Servimedia Angeles Alvarez, portavoz de la Red, las ONG de mujeres emplazan al Gobierno a que escuch sus propuestas "que le pueden dar claves de cómo ir frenando esta sangría".

En la misma línea se manifestaron a esta agencia Enriqueta Chicano y Angela Alemany, presidentas de la Federación de Mujeres Progresistas y de la Asociación de Mujeres Juristas "Themis", respectivamente.

Ambas instaron al Gobierno a hacer efectivas las políticas preventivas que garanticen, por un lado, la seguridad de las víctimas a la hora de denunciar y, por otro, la seguridad personal de las víctimas desde el momento n que se denuncia. Todo ello, recalcaron, a la mayor brevedad.