Según explicaron en rueda de prensa los asistentes a la reunión, se trata de un mecanismo único para aplicar de manera integral, inmediata y coordinada todas las medidas existentes para proteger a las mujeres que denuncian malos tratos por parte de su pareja, incluyendo desde meidas penales contra el agresor, hasta información o prestaciones sociales para la víctima.

Michavila destacó que la intención es establecer una "ventanilla única" para las víctimas de la violencia doméstica y que las distintas administraciones y órganos del Estado den una respuesta rápida y eficaz a estas mujeres.

El ministro explicó que en el plazo de un mes se terminará de definir la norma que ha de regular la entrada en vigor de esta orden de protección, que, en cualquier caso, ha de entrar envigor junto a los juicios rápidos, el próximo 28 de abril.

La orden de protección podrá solicitarla la víctima o el Ministerio Fiscal. En el caso de que sean las propias mujeres maltratadas, podrán hacerlo a través de un formulario "sencillo y único" en comisarías, juzgados de guardia, servicios sociales ayuntamientos o comunidades autónomas y en oficinas de atención a las víctimas. También está previsto que en el futuro se pueda pedir a través de internet.

MEDIDAS CAUTELARES

En función de estasolicitud, la autoridad judicial acordará e impulsará diferentes medidas de protección a la víctima, ya sean penales o civiles. El juez también comunicará las medidas sociales, asistenciales o de información de las que se puede beneficiar la víctima.

Entre las medidas cautelares de carácter penal se encuentran la prosión provisional, las prohibiciones de aproximación, residencia, comunicación y permiso de armas o la inhabilitación de la patria potestad.

En cuanto a las medidas civiles, de carácte provisional y vigencia temporal, serán de supresión del régimen de visitas, retirada de custodia, atribución de uso y disfrute del domicilio o asegurar la prestación alimenticia.

Está previsto que la orden de protección despliegue plenos efectos desde que es acordada por el juez, ordenando éste las medidas cautelares y comunicando las medidas sociales a las diferentes administraciones.

Los representantes de los partidos que hoy se reunieron con el ministro, María Jesús Sáinz (PP), Diego López Garido (PSOE), Mercé Pigem (CiU), Marisa Castro (IU), Margarita Uría (PNV) y María del Mar Julios (CC), coincidieron en destacar la eficacia que esperan que esta medida tenga en la lucha contra la violencia doméstica.