El convenio supone la implantación de un sistema de garantías para que las víctimas de delitos violentos reciban audas económicas de carácter indemnizatorio y asistencia social. Además, se articula un sistema de cooperación entre Estados para que se presten todo tipo de ayudas en los casos transfronterizos.

España cuenta con una legislación sobre la materia desde el año 1995, cuando se aprobó la Ley de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. En este texto se recogen las ayudas de contenido económico a las víctimas de delitos violentos.

Asimismo, incluye la asistencia a las víctimas de todos tipo de deitos, así como la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y de un Consejo Nacional de Ayuda y Asistencia. Ahora, con la rúbrica del Convenio Europeo, España se sumará a los cauces de cooperación internacional del Consejo de Europa en esta materia.