Según fuentes del CGPJ, el objetivo principal del convenio es promover la cooperación entre las distintas instituciones firmantes para la adecuada aplicación de medios electrónicos destinados al control del cumplimiento de las medidas de alejamiento decretadas judicialmente para la protección de las víctimas, especialmente en el ámbito de la violencia doéstica y de género y sin menoscabo, lógicamente, de las competencias que en materia de Justicia e Interior corresponden al Estado.

Así, se pondrá en marcha una experiencia piloto en los órganos jurisdiccionales del partido judicial de Madrid-capital que voluntariamente quieran participar, cuya finalidad será medir la eficacia de los medios electrónicos de protección de la víctima a los que se refiere el artículo 24 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y el artículo 48.4 del Códig Penal (instrumentos de localización de personas, mecanismos de teleasistencia y otros similares).

La experiencia piloto tendrá lugar en aquellos supuestos en los que se imponga judicialmente una prohibición de aproximación a la víctima, oída la Fiscalía y con el consentimiento previo del inculpado y de la víctima. Los resultados de la experiencia piloto se darán a conocer al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.