El plan contiene tres ámbitos de intervención: externo, interno y profesional. Los dos primeros alcanzan al conjunto de las organizaciones confederadas y el tercero a aquellas Federaciones del Area Pública, "cuyos trabajadores y trabajadoras son sujetos activos en la atención de las personas víctimas de la violencia".

Moreno anunció que las primeras medidas que se acometerán desde la organización sindical, a partir de este plan de actuación, serán entre otras: implicar alas patronales CEOE y CEPYME en la promoción de acuerdos para facilitar la inserción laboral de mujeres víctimas de malos tratos; realizar campañas divulgativas y de prevención en centros de trabajo y adoptar protocolos de actuación que vinculen a los servicios médicos de las empresas.

Además, convocarán a lo largo del otoño de 2002 unas jornadas confederales para analizar un nuevo plan de actuación y elaborarán a lo largo del presente año cursos formativos en relación con la violencia doméstica o el coso sexual. Desde CCOO se aboga porque todas las organizaciones confederadas garanticen el servicio de asesoramiento legal ante casos de acoso sexual en el trabajo.

Asimismo, la organización sindical, junto con la Confederación Europea de Sindicatos, reclama "la urgente aprobación de la nueva Directiva que sustituirá a la 76/207, relativa a la igualdad de hombres y mujeres". Esta nueva directiva contemplará, entre otras cuestiones, la inclusión de una definición del acoso sexual y de sus diferentes mnifestaciones, de procedimientos para la denuncia y del papel que deben jugar los agentes sociales en la prevención y erradicación del mismo en el ámbito laboral.

Por otro lado, Moreno, ante el anuncio del ministro español de Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, de que tiene previsto iniciar una ronda de consulta con los interlocutores sociales para debatir los documentos aprobados durante la última reunión que los ministros de Asuntos Sociales de la UE mantuvieron en Santiago de Compostela durantela pasada semana, mostró su interés por "participar activamente en este proceso".

En esta convención se aprobaron un documento de debate, en el que se abordan algunas líneas de actuación para paliar la violencia contra las mujeres; un estudio que analiza las medidas puestas en marcha por los Estados miembros, así como el proyecto Guía de Buenas Prácticas, todos los cuales son sendas iniciativas de la Presidencia española.