Arenas, que hizo públicos estos datos en una rueda de prensa, adelantó igualmente que el número de consultas remitias a este servicio fue de 3.514, frente a las 267 contabilizadas el año pasado.

El titular de Trabajo reveló que en lo que va de año una mujer muere cada diez días a causa de la violencia doméstica, frente a la media de 4 fallecimientos diarios por el mismo motivo que se registró en 1997.

Arenas hizo estas declaraciones junto a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, al emitir su opinión sobre el desarrollo del Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, aprobado por Consejo de Miistros en abril de este año.

REFORMAS EN EL CODIGO PENAL

La violencia psíquica será introducida como delito en el Código Penal, que establecerá penas de prisión de entre seis meses a tres años, según recordó la ministra de Justicia.

Hasta ahora, el Código Penal sólo preveía la violencia física en su artículo 153, pero el anteproyecto de ley orgánica de modificación criminal en materia de protección a las víctimas de malos tratos tipificará como delito la violencia psicológica.

Se incluirá entro del artículo que castiga las faltas de malos tratos contra el cónyuge, persona ligada a otra por una relación estable de afectividad y otros familiares o convivientes, a los incapaces que cohabiten con el agresor o a los que, sin ser hijos propios, estén bajo su potestad o tutela.

Este anteproyecto, que será remitido a las Cortes en noviembre, según aseguró la ministra, también prevé la posibilidad de establecer la prohibiciónn de acercarse a la víctima en su domicilio o fuera de él, ya sea comopena principal grave o leve, lo que modifica el actual artículo 33 del Código Penal.

CENTROS DE ACOGIDA

Mariscal de Gante indicó que ya están funcionando siete de las doce oficinas de asistencia a la víctima que el Gobierno tiene previsto abrir. Las comunidades autónomas que cuentan ya con este servicio son Oviedo, Zaragoza, Albacete, León, Valladolid, Murcia y Palma de Mallorca.

"En estas oficinas no sólo se presta asistencia personalizada por profesionales, sino también asistencia por vía telfónica para aquellas mujeres que todavía hoy les da miedo asistir personalmente a una oficina de este tipo", aseguró la ministra de Justicia.

"También estamos trabajando en el tratamiento psicológico, no sólo de la víctima sino del agresor. El juez podrá imponerle, además de una pena de privación de libertad o multa, tratamiento psicológico".

Por su parte, Arenas señaló que otro de los objetivos de estos centros es la reinserción laboral de las mujeres maltratadas. "La acogida, si no conlleva camnos a la inserción en el trabajo de la mujer, resulta una situación paliativa temporalmente, pero no representa ninguna salida para el futuro", manifestó.

Por último, respecto de la posibilidad de que el colectivo de mujeres maltratadas haga pública una lista con los nombres de los jueces que no inculparon a los supuestos agresores, Mariscal de Gante afirmó que "nadie puede prohibir a nadie que haga una lista, pero eso no soluciona nada".