La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, aplaudió la medida, porque es una forma de "sacar de la clandestinidad" un problema que suele quedar en la esfera de los privado.

En declaraciones a Servimedia, Chicano explicó que "es una medida que no vulnera ningun derecho fundamental y, sin embargo, puede suponer un rechazo hacia los maltratadores y una diferente sensibilidad social contra los malos ratos".

A su juicio, "todo lo que se ha hecho contra los malos tratos ha sido bastante poco ya que cada día aumenta el número de muertes de mujeres. Hay que abrir nuevos caminos y poner en marcha nuevas medidas para respetar la dignidad y la vida de muchas mujeres".

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Consuelo Abril, aseguró que apoya toda medida que, como ésta aprobada por el Gobierno de Bono, saca a la luz pública un problema social y un delitoque en muchas ocasiones queda impune porque no trasciende de la esfera familiar".

Abril manifestó a Servimedia su convencimiento de que hacer públicos los nombres de los agresores es una medida que contribuiría junto a otras a erradicar el problema.

El Gobierno de Castilla-La Mancha hizo público ayer un informe de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas en el que se incluye la reproducción íntegra de 18 sentencias condenatorias con el consentimiento de las víctimas

En esta sentencias aparecen el nombre y apellidos de los condenados, pero no el de las víctimas, testigos, letrados o jueces.