En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, dijo que este convenio "es una medida apresurada que se toma sin tener en cuenta la opinión de las ONG de mujeres, que son las que saben de esto y están especializadas. Este tema no es ningún juego".

"Falta por concretar", afirmó, "quécursos van a ofrecer, quién los va a impartir, qué materias y si piensan poner en marcha campañas de difusión de este nuevo programa de asistencia".

Chicano añadió que "para resolver este problema son muy pocos 186 millones de pesetas, que es la cantidad que piensan dedicar a este convenio. Hay que contar con las ONG para todas las medidas que se lleven a cabo contra los malos tratos a mujeres".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez dl Campo, en declaraciones a esta agencia, calificó este convenio de "muy ambiguo", ya que no por tener más profesionales de la abogacia van a acabarse con los malos tratos.

En su opinión, "la sobreabundancia de abogados no nos garantiza ni la rapidez, ni la aplicación de los procedimientos, ni garantiza la vida de las mujeres. Este convenio es un nuevo brindis al sol que no soluciona nada".

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas "Themis", María Durán, este acuerdo es un paso ás para intentar acabar con la violencia de género que se produce en el entorno familiar, pero pidió al Gobierno que se tenga en cuenta a las ONG de mujeres para luchar contra esta lacra social.

En declaraciones a Servimedia, Durán explicó que "desde nuestra asociación pedimos al Gobierno que los profesionales de la abogacia que atiendan a estas mujeres tengan una formación interdisciplinar suficiente y especializada para ayudar a estas mujeres".