Bono reitero hoy su intención, ya expresada en el reciente Debate sobre el estado de la región, de promover una ley que autorice la publicación de esas listas, con el consentimiento de las víctimas. Bono asegura que hay dictámenes jurídicos que respaldan la legalidad de su propuesta.

José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, manifestó a Servimedia que "tal como se está estructurando, la propuesa no es constitucional".

González Armengol indicó que la publicación de las listas supondría "una doble pena" y añadió que, además, dificultaría la rehabilitación del condenado.

En este sentido, se remitió a los problemas que planteó en el Reino Unido la publicación de listas con nombres de pederastas y añadió que, "habría que plantearse de igual forma la necesidad de publicar listas de personas que cometan hurtos o condenadas por violación, por ejemplo".

Al igual que el representante de la sociación Francisco de Vitoria, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, opinó que la solución a los malos tratado debería acometerse "por otras vías".

Requero se mostró convencido de que "hay dudas en torno a la legalidad de la medida, que puede vulnerar la Constitución, porque las sanciones son las que están previstas en una ley anterior al hecho, y aquí se estaría imponiendo por parte de la Administración autonómica otra pena añadida a la que ya existe".ESCARMIENTO

"Si lo que se pretende", dijo, "es un escarmiento de carácter público, se está utilizando una pena que no está prevista en el ordenamiento jurídico, y eso es contrario al principio de legalidad".

Por su parte, la portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Monserrat Comas, también señaló a Servimedia que "no cabe en nuestro marco constitucional ni legal publicar los nombres de maltratadores en los medios de comunicación, porque va en contra de la Ley de Protección de Datos y de losfines resocialización que tienen las penas".

Comas dijo que "al señor Bono hay que recordarle que son las sentencias las que pueden ser publicadas, pero no los nombres al margen del conocimiento de los hechos y de las circunstancias por los que han sido condenados".

Esta asociación propone que el coste económico que supondría pagar en los medios de comunicación los listados de condenados se destine a promover acciones en materia de educación, prevención asistencia médica y psicológica, asesoramieto jurídico a mujeres maltratadas y protección policial a éstas.