El dispositivo consiste en la colocación de unidades de teleasistencia en los domicilios de las mujeres amenazadas, conectadas a una central receptora, que las mujeres podrán activar en situaciones de alto riesgo.

La puesta enmarcha de este mecanismo activará otros servicios de atención, ayuda y protección, desde policiales hasta asistenciales. La financiación correrá a partes iguales entre los ayuntamientos y el Ejecutivo regional en el caso de las tres capitales de provincia.

Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborarán en el auxilio inmediato de las mujeres a través de las unidades específicas existentes, según informó el Gobierno aragonés.

Se constituirá una comisión de seguimiento, así omo una comisión autonómica, coordinada por el IAM, que se encargará de coordinar, unificar y determinar criterios, así como evaluar los resultados del servicio.