Fue en la noche del pasado viernes cuando la Audiencia Nacional acordó, con carácter de urgencia y como medida cautelarísima, paralizar el traslado a Barcelona del medio millar de cajas que contienen dichos documentos, que ya habían salido de Salamanca y que se encuentran en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura.

La suspensión del envío de los "papeles" fue solicitada, como "medida cautelarísima", por el Ayuntamiento de Salamanca, en un recurso que presentó el viernes 20 por la mañana en contra de dicho traslado.

Al comenzar la vista, el tribunal dió la palabra a la parte recurrente, el Ayuntamiento de Salamanca, cuyo abogado, José María Benavente, pidió que se mantenga la suspensión del citado envío y que los documentos permanezcan en el Archivo General de la Guerra civil Española hasta que sea debidamente identificada su procedencia, es decir, que pertenecen a la Generalitat de Cataluña, y se haga el correspondiente duplicado.

El letrado alegó que no está clara la procedencia de algunos de los documentos, que, según el Ayuntamiento de Salamanca, fueron extraídos de casas particulares.

Además, añadió que cabía la posibilidad de que la Generalitatde Cataluña pudiese restituir dichos papeles a los legítimos herederos y éstos, destruirlos.

Para demostrar su tesis de las dudas sobre la procedencia de algunos documentos, llamó a declarar al director del Archivo General de la Guerra Civil Española, Miguel Angel Jaramillo, y al del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí.

APLICAR LA LEY

Por su parte, el abogado del Estado, Manuel Pacheco, afirmó en la vista que lo que el Ayuntamiento de Salamanca pide con la suspensión del envío como medida cautelarísima es la no aplicación de la ley que regula la devolución de los documentos a la Generalitat de Cataluña y que fue emanada de las Cortes Generales.

Pacheco recordó que la vista de hoy se acordó para decidir si se mantiene, se levanta o se modifica la medida cautelar que el tribunal adoptó el pasado viernes por la noche, y no para estudiar el fondo de la cuestión, en la que sí entró el abogado del Ayuntamiento de Salamanca y que él rebatió ante los magistrados.

Así, afirmó que una comisión mixta comprobó que ninguno de los documentos, que están "perfectamente identificados", fueron incautados a particulares y, por lo tanto, ninguno tiene como objeto su restitución a los herederos de aquellos, una posibilidad que calificó de "imposible" y "absolutamente irreal".

En este sentido, afirmó que los documentos van a ser entregados a la Generalitat de Cataluña, que tiene la obligación de conservarlos en su poder y no puede entregarlos a particulares sin la autorización del Estado.

Asimismo, recordó que todos esos documentos se encuentran microfilmados, en virtud de un acuerdo adoptado en 1983, por lo que no es cierto que los legajos hayan salido del Archivo de Salamanca sin que se se haya hecho un duplicado, como afirma el ayuntamiento salmantino.

Además, señaló que en el caso de que se descubra que alguno de los documentos no pertenece a la Generalitat de Cataluña, no habría ningún problema en devolverlos al Archivo de Salamanca.

PROS Y CONTRAS

Ahora, los magistrados valorarán la alegaciones a favor y en contra de levantar esta medida cautelarísima, adoptada el pasado viernes, 20 de enero, por la noche, ante la posibilidad de que los documentos reiniciasen su viaje el sábado 21.

El medio millar de cajas que contienen los "papeles" de Cataluña, relativos a la Guerra Civil y que se encontraban en el Archivo General de Salamanca, fueron trasladados en un primer momento a Madrid para que fueran examinados por una comisión mixta, formada por la Generalitat y el Ministerio de Cultura.