En un artículo que publica esta semana la revista "Claves", el magistrado Rubio Llorente argumenta que el espíritu con que fue elaborada la Carta Magna lleva a la abolición de toda diferencia autonómica, paraser "congruente" con el principio de igualdad.

Si bien este principio no está reconocido para territorios, dice, el hecho es que la igualdad entre ciudadanos es uno de los pilares del Estado de Derecho, "y la diferenciación competencial, o más precisamente, la diferenciación en los niveles de autonomía, implica necesariamente una cierta desigualdad, sobre todo en lo que toca a derechos de participación".

A su juicio, la equiparación que propugna cerraría de manera definitiva el proceso constituyete, puesto que ya no existiría posibilidad alguna de futuras ampliaciones y, por tanto, desaparecería el artículo 148.2 de la Constitución "por agotamiento de sus posibilidades y para tranquilidad de todos, del mundo del derecho".

Según el ex vicepresidente del Constitucional, las permanentes reclamaciones autonómicas de unos y otros se hacen en base a este artículo, lo cual no ha hecho posible cerrar ese proceso constituyente.