En su recurso, el magistrado alega que la delegación del Gobierno declaró su jubilación en aplicación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, quedando la jubilación reducida a 3.437.000 pesetas anuales, cantidad muy inferior a la que hasta entonces percibía.

Asimismo, precisa que los funcionarios que entraron en la administración bajo una normativa en que la edad de jubilación era a los 70 años y no a los 65,se les priva de unos años de vida profesional y por tanto deben ser indemnizados.

El magistrado quiere que se anule el acuerdo de jubilación o que los tribunales reconozcan su derecho a percibir la indemnización.