Los transportistas vienen denunciado que, tras ocho meses, no hayan entrado en vigor las medidas económicas y fiscales acordadas, tales como deducciones por inversión en vehículos ecológicos; recorte del 75% del impuesto sobre las primas de seguros; y reducción de cotización a la Seguridad Social de los conductores por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Asimismo, reclaman que se estudien las medidas de reducciónde edad para la jubilación de los conductores de transporte pesado, así como la modificación de las condiciones generales de contratación y la prohibición de intervenir a los conductores en las operaciones de carga y descarga, entre otras.