El estudio, titulado "Inmigración y seguridad en Europa tras los atentados de Madrid", que ha difundido en España la revista "Migraciones", del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, avisa de que medidas que pueden resultar útiles para frenar la inmmigración económica ilegal tienen una eficacia mucho más discutible para combatir el terrorismo internacional.

En concreto, ante la iniciativa de la Comisión Europea de incorporar en los pasaportes y documentos de viaje los datos biométricos del titular (huellas dactilares, reconocimiento facial, escáneres de retina, etcétera), los expertos del CIPDM señalan que no harán mucho para reducir las amenazas terroristas, por varias razones.

La primera es que es preciso identificar primero a las personas que constituyen un riesgo de seguridad; la segunda, según el CIPDM, es que "hay una entera industria ilícita, el 'comercio de contrabando humano' que opera independientemente o en redes complejas de cooperación, cuyo único propósito es encontrar vías para eludir las restricciones de entrada, a cambio de enormes beneficios, estimados en unos cuatro mil millones de euros sólo para Europa".

Además, "los controles de entrada que se hayan mejorado se encontrarán con métodos mejorados para sortear obstáculos, bien sea con documentos de viaje recientemente falsificados o de manera completamente clandestina".

Puede que, en consecuencia, "los precios del contrabando suban algo, pero esto detendrá sólo a los inmigrantes ilegales más pobres, pero difícilmente a los terroristas que disponen de dinero", alerta el CIPDM.

A todo ello se une la dificultad técnica y administrativa de incluir características biométricas eficientes en la documentación de viaje, lo que puede retrasar "durante otros diez años la entera adopción de cualquier sistema factible".

INTEGRAR A LOS MUSULMANES

Ante las insuficiencias de cualquier enfoque exclusivamente policial, los expertos del CIPDM consideran prioritario integrar a las comunidades musulmanas actualmente instaladas en países occidentales, partiendo del dato inesquivable de que algunos de los terroristas del 11-S residieron como estudiantes en Estados Unidos y de que varios de los autores de la masacre de Madrid "habían vivido también como inmigrantes legales e ilegales en España".

A su juicio, integrar a los 12 millones de musulmanes de Europa, entre ellos los alrededor de 500.000 de España, requiere una combinación de políticas de integración a largo plazo y políticas simbólicas a corto. Las primeras deben centrarse en la triada "educación, trabajo y valores", y la segunda en comunicar al público las medidas antiterroristas "de forma que se evite toda estigmatización de los musulmanes como una amenaza general para nuestras sociedades".

Debe quedar claro, insiste el CIPDM, que la lucha contra el terror no es un "choque de civilizaciones", para lo cual también hace falta "entablar un diálogo franco e intenso con las comunidades musulmanas que ya viven entre nosotros con el objetivo de reclutarles en nuestros esfuerzos para prevenir el terrorismo radical islamista".