En su último informe sobre las comunidades autónomas, difundido hoy, la FIES hace hincapié en que el bienestar de las familias no depende sólo del crecimiento económico, sino también del nivel de precios autonómico y de las transferencias que recibe de la administración pública.

Del juego de estos tres factores resulta la renta real disponible por las personas, es decir, el dinero qe les queda tras pagar impuestos y cotizaciones sociales y recibir pensiones u otro tipo de prestaciones sociales, corregido todo ello por la inflación.

Así se llega a la conclusión de que, aunque el PIB por habitante creció en Madrid, entre 1985 y 1992, un 28,4 por ciento, la real familiar por habitante sólo lo hizo en un 21,9 por ciento, la tasa más baja de España, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde lo hizo en un 17,9 por cien.

La renta de los madrileños se situó así en 1.260.144 peseta, por detrás de Balares, con 1.424.232; Cataluña, con 1.376.877; La Rioja, con 1.360.966; Aragón, con 1.305.561; y la Comunidad Valenciana, con 1.267.020. El último lugar lo ocupa Extremadura, con 985.471.

El informe de la FIES destaca que tanto las mayores prestaciones sociales recibidas por los extremeños y otras comunidades pobres como su menor nivel de precios les permite acortar las diferencias reales de renta que resultan de la acción del mercado.

"El resultado de estas evaluaciones supone,por ejemplo, que el 115 por ciento en el que el PIB habitante balear superó al extremeño en 1992, se reduce al 45 por cien, cuando se pasa al concepto, mucho más significativo, desde el punto de vista social, de la renta familiar disponible por habitante", recalcan los expertos de la FIES.

De acuerdo con este criterio, la comunidad con una mejor ejecutoria desde 1985 fue Castilla La Mancha, cuya renta disponible creció un 46,6 por ciento, once puntos más de lo que lo hizo su PIB per capita.

Le siue Galicia (40,8 por ciento), Canarias (40,3), Navarra (39,9), Castilla y León (38,3), La Rioja (38,1), Murcia (37,8), Comunidad Valenciana (36,6), Andalucía (36,4), Asturias (34,6), Aragón (34,5), Cataluña (34), Extremadura (33,9), Cantabria (33,7), Baleares (31,5), País Vasco (29,7), Madrid (21,9) y Ceuta y Melilla (17,9).

Estos datos muestran el fuerte papel redistribuidor que ejercen las administraciones públicas, ya que la evolución de la renta de las familias no coincide con la ejecutoria económca de las distintas autonomías.

Así, entre 1985 y 1992, la autonomía que más aumentó su PIB fue Navarra, en donde creció un 43,37 por ciento, seguida de Cataluña, con un 41,78; La Rioja, con un 39,57; Castilla La Mancha, con un 38,79; y Comunidad Valenciana, con un 38,18.

Las regiones que menos crecieron fueron el País Vasco (31,18 por ciento), Baleares (30,29), Extremadura (29,79), Cantabria (29,65), Asturias (21,49) y Ceuta y Melilla (14,6).

CONVERGENCIA CON LA CE

Por otra parte, el infome de la FIES señala que sus estimaciones cifran el crecimiento económico de España en este periodo en un 35,6 por ciento, en lugar del 28,7 por cien estimado por el Instituto Nacional de Estadística.

Eso significaría que, en ese periodo, España habría reducido en 13 puntos la diferencia de PIB per capita con la media de la CE, con lo que ahora representaría el 80,6 por cien, en lugar del 76,5 por cien calculado por los servicios estadísticos de la Comisión Europea, Eurostat.

De esa manera, se haría superado finalmente la mejor posición de convergencia lograda hasta ahora, que era la de 1975, cuando el PIB español suponía el 79,2 por cien del comunitario.