Según n análisis sobre 2.000 denuncias de la Policía Municipal, la mayoría de ellas corresponden a "unas 80 personas pertenecientes a doce o quince familias", explicó el concejal socialista Leandro Crespo.

Crespo acusó al consejal de Sanidad y Salud Pública, Simón Viñals, de consentir que Madrid "se parezca a un zoco, ya que se ha abandonado la función de prevención que debe ejercer el Ayuntamiento".

La venta ambulante reúne problemas sociales, comerciales y sanitarios, acerca de los cuales el Ayuntaminto "lleva seis años sin tomar ninguna medida".

Desde el punto de vista sanitario, la procedencia clandestina de los productos que se venden no garantiza la calidad, además de otros fraudes que atentan contra los derechos de los consumidores.

Asimismo, estos vendedores no pagan gastos de mantenimiento de ningún establecimiento ni tampoco impuestos: IBI, IAE, IVA, tasas por saneamiento y aprovechamiento de la vía pública, Seguridad Social e IRPF. Ello constituye un agravio comparativo para los comrciantes que pagan sus impuestos.

Para remediar esta situación, el PSOE propone que los Servicios Sociales municipales elaboren un estudio sobre los recursos de las personas, que se dedican a la venta ilegal para legalizar su situación u ofrecerles otra ocupación. Además, que se cree una unidad especial de consumo de intervención inmediata.