El escrito precisa que Ulibarri cesó su actividad industrial en 1993 y que hasta 1995 las instalaciones han estado abandonadas. "Queremos manifestar que la única intención que nos lleva a comunicarles los mencionados hechos es que, como ciudadnos, tenemos derecho a una protección medioambiental con la ley de vertidos industriales, entendiendo que en este caso se está transgrediendo a todas luces", señala el texto.

En el informe se especifica que las aguas residuales precedentes de vertidos industriales que no se ajustan a las características reguladas deberán ser depuradas o corregidas antes de su incorporación a la red de alcantarillado, así como los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores o emiiones.

Ante ello, los denunciantes requieren una inspección de la solicitud de vertido que ha hecho la empresa a las autoridades pertinentes. Además, exponen que las "aguas residuales que proceden de los procesos de fraccionamiento son contaminadas con hidrocarburos ligeros y disolventes orgánicos".

Otras posibles deficidencias de la empresa son que "no poseen analizadoras de gases en sus focos de emisión, no han presentado la Identificación Industrial en los términos establecidos en la ley de vetidos líquidos industriales de la Comunidad de Madrid y carecen de autorización de vertido".

Asimismo, dicen que Aceites Ecológicos "no cumple con la normativa de seguridad en los parques de almacenamiento de aceite usado, por lo que existe un riesgo continuo de un vertido en grandes cantidades de aceite usado al alcantarillado, además de riesgo de explosión".

Los vecinos explican, por último, que "la planta de inertización, además de tener un altísimo riesgo de incendios, explosiones y accidente laborales, tiene una grandísima contaminación tanto de vertidos líquidos como gaseosos".

Por otro lado, Aceites Ecológicos envió días atrás distintas cartas, a través de un despacho de abogados, a firmantes de la denuncia de emisiones gaseosas nocivas, al tener conocimiento de la denuncia vecinal, en las que solicitaba que se retractasen en el plazo de tres días, o si no se querellaría contra ellos.