Según UGT, las 500 plazas concedidas en este sector el pasado año son insuficientes, lo que provoca situaciones de trabajo ilegal y abusos por parte de los contratistas que utilizan a los inmigrantes como amenaza para degradar las condiciones laborales del conjunto de trabajadores de la construcción.

El sindicato afirma qu aumentar el cupo en 1.500 empleos supondría mejorar las condiciones de trabajo de los inmigrantes, "y evitar los abusos, la falta de cumplimiento de las normas laborales, la manifiesta ilegalidad en la que basan su actividad un importante número de contratas e incluso amenazas y coacciones que se ejercen sobre el conjunto de los trabajadores de la construcción".

Además, UGT denuncia la falta de actuación de la Inspección de Trabajo y de las autoridades administrativas frente a estas situaciones de ilgalidad. Por ello, piden al Gobierno que se concedan automáticamente el permiso de trabajo a aquellos trabajadores inmigrantes que denuncien las situaciones de ilegalidad.