El sindicato señala en un comunicado que existe desde hace meses un conflicto entre la Gerencia Territorial de Justicia de Madrid y los empleados públicos encargados del mantenimiento del edificio por la delimitción de funciones entre el personal del Ministerio de Justicia y la empresa contratada.

En opinión de UGT, "la Administración no establece ningún cauce de diálogo entre las empresas adjudicatarias y los empleados públicos responsables del correcto funcionamiento de las instalaciones o servicios, ya estén privatizados o no".

"Ante esta manifiesta falta de control", continúa el sindicato, "algunas de las empresas adjudicatarias aspiran a aumentar sus parcelas de competencias y, en algunos casos, si importarles qué medios emplear para conseguir sus fines. De este modo, cuando un jefe de mantenimiento ejerce sus funciones de supervisión y organización del trabajo, estas empresas no dudan en utilizar cualquier método disuasorio para que no se entorpezcan sus planes".