UGT se opone al cierre porque "supone en primer térmio la pérdida de puestos de trabajo, consolidados muchos de ellos", en total cerca de 70. "Esta situación agrava aún más la situación de desempleo en nuestra Comunidad", argumentó el sindicato.

La central señaló que "no está en contra de actuaciones que corrijan irregularidades, pero sí de aquellas que atentan contra un derecho básico y constitucional, como es el derecho al trabajo".

Según UGT, "las actividades ilegales deben ser perseguidas y sancionadas, pero antes es necesario planificar una poítica preventiva que sea capaz de hacer un seguimiento exhaustivo y eficaz para regular la actividad del sector, a través de inspecciones periódicas, algunas de las cuales tendrían que ser igualmente encaminadas a controlar todas las situaciones de irregularidades laborales que propician una competencia desleal y agresiva, que va en contra de trabajadores, empresarios y usuarios".