Tras lamentar la ausencia de los agentes sociales en este proceso, el sindicato criticó en un comunicado "la improvisación con la que se está llevando acabo esta negociación", lo que a su juicio "pone de manifiesto la irresponsabilidad del Gobierno regional y la falta de voluntad política para preparar con garantías unas transferencias que presentan un escenario de importantes carencias: escasez presupuestaria, instalaciones deficientes, necesidad de nuevos juzgados, fiscales y personal cualificado".

UGT agrega que "este proceso afectará a unos 6.000 empleados públicos, que en algunos colectivos sufren una tasa de precariedad del 30 por ciento, muy pr encima de la media que se registra en la región, y se desconoce cómo se va a articular su traspaso y en qué condiciones".

Ante ello, la central sindical reclama la apertura de un proceso de negociación y la formalización de un Pacto por la Justicia en Madrid, "que sea capaz mediante el consenso de sacar adelante el modelo que nuestra comunidad necesita para dar respuesta a los grandes problemas que se vienen denunciando por amplios sectores de la sociedad madrileña".

Finalmente, hace un llamaminto a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y sociales "para emprender, desde planteamientos progresistas y democráticos, un profundo cambio en este servicio público".