Esa jornada es la víspera de la reunión del Consejo de Gobierno regional que previsblemente aprobará el Plan General de Madrid para los próximos años.

Según las centrales, la firma del Convenio Urbanístico entre la Comunidad y el Ayuntamiento "es una mera operación de maquillaje que pretende esconder la aplicación real del Plan General, en materias industriales y de empleo".

El nuevo Plan General pone en peligro el puesto de trabajo de 40.000 personas, que puede pender de procesos especulativos en materia de suelo.

UGT y CCOO acusan al Gobierno regional de ser el "responsale directo de la pérdida de empleo que se produzca", así como de verse "muy sensibilizado por las presiones patronales y de sectores muy determinados de la economía especulativa", haciendo caso omiso de una sentencia del Tribunal Constitucional pendiente de ser publicada en el BOE, lo que representa "un paso de dudosa legalidad".

Los sindicatos advierten que cada centro de trabajo afectado por repercusiones negativas para el empleo se convertirá en un conflicto social "que el movimiento sindical impulará y al que las administraciones en ningún caso pueden dar la espalda".