La sentencia, que resuelve un recurso de apelación interpuesto por la Coordinadora de Nueva Artesanía Madrileña, considera nulas las actuaciones que desembocaron en la clausura del mercadillo y afirma que el procedimiento para decidir su aprobación o no debe iniciarse de nuevo.

El Supremo argumenta, para tomar esta medida, que la clausura del mercadillo en 1989 se realizó por la "vía d hecho", conculcando el artículo 100.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según la cual la Administración no puede iniciar ninguna actuación material sin tomar una decisión al respecto.

El fallo desestima, sin embargo, las pretensiones de los artesanos de que se reconozca el derecho de funcionamiento del mercadillo, porque es una competencia del Ayuntamiento en la que el Tribunal Supremo no puede entrar, y también rechaza la solicitud de los recurrentes para que se les indemnice con 100 millons de pesetas por daños y perjuicios.

USO DE LA FUERZA

El Alto Tribunal considera asimismo que en el desalojo del mercadillo "se vulneró el principio de proporcionalidad o adecuación de medios a fines al recurrir al uso de la fuerza física y se actuó sin requerimiento alguno a los artesanos".

Asimismo, el Supremo entiende que para clausurar el mercadillo de Santa Ana no debió esgrimirse la Ordenanza Municipal que regula la Venta en la Vía Pública y Espacios Abiertos, aprobada en 1986, como hizo l Ayuntamiento.

Esta ordenanza, según el alto tribunal, no afectaba a mercadillos como el de Santa Ana, que ya funcionaban cuando el citado reglamento municipal fue aprobado, y que por otra parte permitía expresamente la instalación de mercadillos sectoriales de artesanía.

DESDE 1982

El mercadillo de Santa Ana empezó a funcionar en 1982, cuando el concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro autorizó a un colectivo de artesanos para que se instalaran en la plaza en determinadosdías y horas. Aunque esta autorización era para seis meses, el Ayuntamiento madrileño, gobernado entonces por el PSOE, permitió que el mercadillo siguiese funcionando.

En 1989, los nuevos responsables del Ayuntamiento, del Partido Popular, decidieron clausurarlo, algo que ocurrió los días 7, 11 y 28 de octubre con intervención de la Policía Municipal, seis de cuyos agentes están encausados por agredir en el desalojo a algunos artesanos.

No obstante, según el Supremo, la clausura no fue aprobada pr el pleno de la Junta de Distrito de Centro, pese a que el asunto estaba incluido en el orden del día del 4 de abril de 1989.